Combatir el financiamiento del terrorismo
debe ser un elemento central e integrado
en la guerra contra el terrorismo.
(Gafi)
El 11 de septiembre de 2001, día de los atentados sobre suelo estadounidense, quedó en la historia del terrorismo internacional como una fecha
clave y determinó una aceleración formidable en materia legal sobre medidas de prevención y combate contra este flagelo, tomadas a nivel nacional y mundial. Nunca, en materia de seguridad, se había tenido un consenso universal con tal rapidez y amplitud de reacción legal y operativa.
Estos atentados causaron una devastación nunca antes vista, e hicieron cambiar
para siempre la percepción que tenían los gobiernos de la amenaza que presentaba el terrorismo.
Hasta esa fecha, para muchos países, la amenaza del terrorismo parecía lejana
y se pensaba que el problema era de otros. Sus dirigentes confiaban en que
los sistemas de detección y protección dentro de sus fronteras, los mantenían invulnerables.
El 11 de septiembre puso fin a esas ilusiones. Los numerosos atentados perpetrados posteriormente en Madrid en 2004 y Londres en 2005, mostraron
aun más la fragilidad en este ámbito, de los países supuestamente mejor equipados en materia de seguridad.
La primera lección del trágico evento de 2001, fue que el terrorismo prácticamente puede golpear cuando y donde quiere, y que las fronteras y los mejores sistemas de seguridad nacional, no son infalibles. Además, el terrorismo no hace distinción entre razas, religiones, o condiciones sociales de sus víctimas. El terrorismo no reconoce fronteras.
Los sistemas de protección y lucha contra las actividades terroristas,
resultaron insuficientes.
Los eventos que se desarrollaron desde entonces ―la eliminación de los Taliban en el poder en Afganistán, la caída del gobierno iraquí de Sadam Hussein, la persecución sin tregua a través del planeta de Bin Laden y la red Al Qaeda, y la situación que prevalece desde
hace años en ciertos países confrontados con la subversión armada―, demuestran que la lucha contra el terrorismo es a largo
plazo y debe ubicarse sobre diferentes frentes: político, social, económico, militar, judicial y financiero.
Uno de estos frentes, el del sistema de prevención y represión de las actividades terroristas y subversivas, corresponde al desmantelamiento de sus redes financieras.
El terrorismo necesita fondos para realizar sus actividades logísticas y operativas. Privar a los terroristas de sus fuentes financieras para quitarles los medios de adquisición de armas y explosivos, es una estrategia que prácticamente hasta el final de la década de los noventa, no había sido considerada. La primera toma de conciencia internacional de esta necesidad, se da en diciembre de 1999 con el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la
Represión del Financiamiento del Terrorismo.
Este nuevo eje estratégico del combate, adoptado por una comunidad internacional más y más comprometida
con la supresión de las fuentes financieras del terrorismo y sus rutas, parece dar resultados alentadores, considerando las dificultades que encuentran ahora los criminales para procurarse fondos y moverlos internacionalmente. Las posibilidades que tenían las organizaciones terroristas
antes del 9-11, los movimientos a través del sistema financiero legal, los transportes físicos, u otros métodos hasta esa fecha utilizados, disminuyeron de manera drástica o se volvieron más arriesgados.
Sin embargo, el terrorismo también encontró alternativas a estas restricciones, que le permiten todavía mantener un importante poder mortífero y de destrucción.
Este combate es difícil, como lo comprobó la estructura de financiamiento de la red terrorista Al Qaeda, y requiere un compromiso total y un esfuerzo sostenido de la comunidad internacional. En particular, en materia de cooperación internacional, es necesaria la participación de los actores económicos, financieros y de todos los servicios gubernamentales especializados en materia de prevención, detección y combate.
En este contexto, esta guía
brinda una ayuda práctica a los diferentes actores gubernamentales y al sistema financiero, para optimizar su participación y eficiencia dentro de la prevención, detección y represión del financiamiento de las actividades terroristas, y
para poner los sistemas nacionales en el nivel de las normas y recomendaciones internacionales.
